Publicado el 19 de marzo del 2025

El 20 de enero de 2025, el mismo día que retomó la presidencia, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para la prohibición de entrada temporalmente de ciudadanos venezolanos y cubanos a los Estados Unidos, incluso si cuentan con visa de turista o estudiante. Esta medida ha generado alarma entre las comunidades migrantes, activistas, y defensores de derechos humanos en EE.UU. y América Latina.

En este nuevo episodio del Cafecito Migratorio, el abogado Juan Antonio Lozada analiza las bases legales, consecuencias prácticas, y el clima de persecución que esta política podría intensificar.

¿Qué establece la nueva orden ejecutiva?

La orden ejecutiva se justifica, según la administración Trump, en la negativa de cooperación de los gobiernos de Venezuela y Cuba para recibir a sus ciudadanos deportados. A través de esta orden, se establece que, mientras persista esta negativa, Estados Unidos podrá aplicar una prohibición de entrada de nacionales de esos países, salvo que sean ciudadanos o residentes permanentes de EE.UU.

Aunque se habla de excepciones, la experiencia previa indica que serán mínimas y de difícil acceso. La interpretación aplicada durante la primera administración Trump demostró que incluso personas con visas válidas fueron inadmitidas en puertos de entrada.

¿A quiénes afectará la prohibición de entrada?

• Venezolanos y cubanos con visa de turista (B1/B2), visa de estudiante (F1), y otras visas temporales.
• Personas que aún no han entrado a EE.UU., pero tienen un trámite aprobado o están esperando una cita consular.
• Residentes permanentes que hayan publicado contenido considerado “crítico” o “peligroso” en redes sociales.

La prohibición de entrada puede extenderse incluso a solicitantes de asilo o personas que deseen entrar con parole humanitario, dependiendo del contexto en que se aplique.

El monitoreo de redes sociales como herramienta de exclusión

Uno de los aspectos más preocupantes abordados por Lozada en este Cafecito Migratorio es que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está monitoreando activamente las redes sociales de personas extranjeras, residentes permanentes e incluso ciudadanos naturalizados.

Según declaraciones del canciller Rubio, si una persona:

• Critica públicamente al gobierno de EE.UU.
• Apoya a grupos considerados enemigos o terroristas.
• Publica contenido considerado subversivo…

… podría ver revocada su residencia, denegada su visa o rechazada su entrada al país.

El caso de Kalil, un residente permanente casado con una ciudadana estadounidense, deportado por participar en una protesta universitaria, es una prueba concreta de esta nueva doctrina migratoria.

La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798: una herramienta peligrosa

Una de las medidas más alarmantes es el uso de la Alien Enemies Act de 1798, una ley que permite al Ejecutivo expulsar o detener a ciudadanos de países “enemigos” en tiempos de guerra o amenaza. Históricamente, esta ley se usó durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos japoneses y alemanes, incluidos muchos ciudadanos estadounidenses.

Ahora, la administración Trump la está usando para justificar:

• Deportaciones sumarias sin debido proceso.
• Envío de inmigrantes a centros de detención en terceros países, como El Salvador.
• La presunción de culpa por nacionalidad, sin necesidad de juicio ni evidencia concreta.

Según el abogado Lozada, esto es una violación directa a los derechos constitucionales y del derecho internacional.

Deportaciones a El Salvador y criminalización por nacionalidad

Más de 200 venezolanos fueron deportados recientemente a una prisión en El Salvador. La mayoría no tenía antecedentes criminales, pero fueron catalogados como miembros del grupo criminal Tren de Aragua sin pruebas ni juicios.

“En EE.UU., se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Deportar sin juicio es una aberración jurídica”, subrayó Lozada.

Este tipo de deportación a centros penitenciarios de alta seguridad para personas que no han sido juzgadas ni condenadas, viola no solo los principios constitucionales estadounidenses, sino también tratados internacionales sobre derechos humanos.

Incluso la presidenta de México ha advertido públicamente que no permitirá que ciudadanos mexicanos sean enviados a Guantánamo ni a centros en terceros países sin garantías judiciales.

El desacato judicial: una crisis institucional

Otro tema abordado en el Cafecito es el desacato abierto de la administración Trump a órdenes judiciales federales. Un juez federal en Washington D. C. ordenó detener un vuelo con deportados venezolanos. Sin embargo, la administración ignoró la orden.

Este hecho fue condenado incluso por el juez presidente de la Corte Suprema de EE.UU., quien recordó que el poder judicial existe precisamente para limitar excesos del Ejecutivo.

“Un presidente no puede desobedecer a un juez federal simplemente porque no le gusta su decisión”, explicó Lozada.

La gravedad de estos actos ha motivado tres demandas judiciales en curso en Massachusetts, California y Maryland, que buscan revocar la cancelación del TPS para venezolanos y haitianos.

Intento de limitar el alcance nacional de las medidas cautelares

La administración Trump ha solicitado a la Corte Suprema que las medidas cautelares emitidas por jueces federales solo apliquen en los estados donde se presentaron las demandas. Esto podría obligar a interponer más de 50 demandas diferentes para lograr protección nacional para los beneficiarios del TPS.

Esto generaría un sistema fragmentado y caótico, donde la protección migratoria dependería del estado de residencia.

¿Qué puedes hacer si eres venezolano o cubano?

• Consulta urgente con un abogado. No esperes a tener problemas para buscar asesoría.
• Evita publicar contenido polémico o sensible en redes sociales. Cualquier declaración puede ser usada en tu contra.
• No viajes sin revisar tu estatus migratorio actual. Incluso con visa válida, podrías ser inadmitido.
• Sigue informándote con fuentes confiables. La desinformación es una herramienta poderosa para sembrar miedo y confusión.

Un llamado a la comunidad y a la acción

Lozada cierra el episodio recordando que la comunidad inmigrante debe mantenerse unida, informada y firme. No es momento de callar, sino de alzar la voz de manera estratégica, legal y colectiva.

“No estamos solos. Somos miles. Y juntos, con conocimiento y acción legal, podemos defender nuestros derechos y proteger a nuestra gente.”

Nuestros abogados están aquí para ayudarte. Si tienes preguntas sobre tu estatus, tu visa o necesitas representación, agenda una consulta personalizada.