Publicado el 17 de marzo del 2025
Resumen del artículo:
Tener una entrada irregular a los Estados Unidos es un tema más serio de lo que muchos inmigrantes imaginan. Aunque tradicionalmente se ha tratado como una infracción administrativa, las autoridades federales tienen la facultad de procesarlo como un delito penal. En este Cafecito Migratorio, te explicamos lo que debes saber para protegerte, especialmente con las políticas de “cero tolerancia” que están resurgiendo en este 2025. En este artículo tocamos los siguientes temas:
- Entrar sin inspección a EE.UU. es un delito penal bajo la ley federal.
- Las políticas de “cero tolerancia” están resurgiendo en 2025.
- Procesos penales federales implican cárcel y antecedentes que afectan tu futuro migratorio.
- Actúa rápido si recibes una notificación penal.
- Busca ayuda legal especializada en procesos penales federales e inmigración.
¿Qué dice la ley sobre la entrada irregular?
Según la ley federal de los Estados Unidos, entrar sin inspección constituye un delito. Tanto ciudadanos extranjeros como ciudadanos estadounidenses deben ingresar a través de un punto de entrada autorizado y ser formalmente admitidos.
Si no se cumple este requisito, la persona puede ser acusada de:
- Violación de 8 USC §1325 (entrada ilegal)
- Violación de 8 USC §1326 (reentrada después de deportación)
Históricamente, los recursos para procesar penalmente a cada inmigrante han sido limitados, lo que ha hecho que muchos casos terminen solamente en procedimientos administrativos de inmigración.
La experiencia en la frontera sur: entre la ley y la práctica
Cuando ejercí como fiscal federal en Del Río, Texas, una región marcada por el constante cruce de inmigrantes, era muy común ver decenas de personas a diario procesadas penalmente. Estas personas, por su primera entrada irregular, recibían condenas de 30, 60 o 90 días en cárceles federales.
Era un procedimiento rápido: los inmigrantes eran llevados ante un juez, se declaraban culpables y comenzaban a cumplir su condena. Pero a nivel nacional, debido a la magnitud de la inmigración, los tribunales federales no siempre podían manejar tantos casos.
¿Por qué la mayoría no enfrenta cargos penales?
La razón principal es la falta de recursos:
- Pocos fiscales federales disponibles
- Número limitado de jueces de distrito
- Cárceles federales saturadas
Por eso, en la mayoría de los casos, el gobierno opta por tratar la entrada irregular como violaciones civiles ante las cortes de inmigración, que imponen deportaciones, pero no antecedentes penales.
El impacto de la “política de cero tolerancia”
Durante la administración de Donald Trump, el entonces Fiscal General Jeff Sessions implementó en 2018 la llamada política de “cero tolerancia”. Bajo esta medida:
- Todo inmigrante detenido en la frontera debía ser procesado penalmente.
- Se priorizaban los casos de entrada irregular para castigar con cárcel y disuadir futuras entradas.
- Aunque en un inicio la política parecía viable, rápidamente se demostró imposible de sostener por el volumen de detenciones.
Sin embargo, en 2025, vemos señales alarmantes de que esta estrategia está regresando de forma selectiva.
Casos recientes: la nueva tendencia preocupante
Reportes recientes indican que inmigrantes que:
- Tienen años viviendo en EE.UU.
- Están esperando respuesta a solicitudes de asilo
- No tienen antecedentes penales graves
Están siendo repentinamente procesados penalmente bajo las secciones 1325 y 1326.
Se han documentado casos de venezolanos, entre otros, que enfrentan cargos federales por haber cruzado sin autorización años atrás. Ahora se enfrentan a penas de cárcel y antecedentes penales, lo que complica cualquier intento futuro de regularizar su estatus.
¿Qué riesgos existen si eres procesado penalmente?
Las consecuencias de un procesamiento penal van mucho más allá de un caso de inmigración tradicional:
- Cárcel federal, no centros de detención de inmigración.
- Multas económicas significativas.
- Antecedentes penales que afectarán futuras solicitudes de residencia, asilo o ciudadanía.
- Mayor riesgo de deportación inmediata después de cumplir la condena.
Además, las cárceles federales alojan a criminales comunes (personas condenadas por tráfico de drogas, delitos violentos y otros crímenes graves), lo que representa un peligro adicional para los inmigrantes procesados por entrada irregular.
¿Cómo saber si podrías estar en riesgo?
Debes estar alerta si:
- Entraste a EE.UU. sin inspección (cruzaste sin pasar por migración)
- Fuiste deportado previamente y luego reingresaste
- Te negaron la entrada en un aeropuerto y regresaste sin permiso
- Tienes procesos de asilo pendientes y has cambiado de dirección sin notificar a inmigración
Si recibes una notificación de la corte federal, una citación penal o una llamada de un alguacil, no ignores la situación. El tiempo de respuesta es crítico para evitar consecuencias más graves.
¿Qué hacer si te notifican de un proceso penal?
Si recibes cualquier aviso de que estás siendo procesado penalmente:
- No ignores la notificación.
- No compares esta situación con un proceso de deportación normal.
- Contacta de inmediato a un abogado especializado en defensa penal federal e inmigración.
Un abogado de inmigración tradicional no maneja procesos penales. Se requiere experiencia en cortes federales para defender de forma adecuada.
¿Qué puede hacer un abogado en estos casos?
Un abogado capacitado puede:
- Negociar cargos o buscar alternativas al encarcelamiento.
- Argumentar factores atenuantes para reducir la sentencia.
- Proteger tus derechos constitucionales durante el proceso.
- Ayudarte a minimizar las consecuencias migratorias futuras.
No dejes tu futuro en manos del azar
La política migratoria en EE.UU. sigue endureciéndose. La posibilidad de enfrentar procesamientos penales por entrada irregular no es un rumor: es una realidad creciente. Muchos inmigrantes, por desconocimiento o por miedo, no actúan a tiempo, y eso puede arruinar sus posibilidades de establecerse legalmente en el país.
No permitas que una entrada irregular determine tu destino. La asesoría legal correcta puede marcar la diferencia entre una oportunidad de permanencia y una condena federal.