Publicado el 25 de marzo de 2025

En una nueva edición de Cafecito Migratorio, el abogado Juan Antonio Lozada presenta un análisis profundo y preocupante sobre el rumbo actual de la política migratoria en los Estados Unidos. El episodio revela como miles de menores migrantes han quedado sin defensa legal, cómo se están ejecutando deportaciones en violación de órdenes judiciales, y cómo las restricciones migratorias para venezolanos y cubanos están alcanzando niveles sin precedentes. Además, se denuncia el auge de fraudes migratorios cometidos por paralegales sin licencia.

Este artículo resume los puntos más relevantes de este episodio, explicados de forma clara y accesible para la comunidad inmigrante en EE.UU., con especial énfasis en los cambios recientes, sus implicaciones y lo que puedes hacer para proteger tu estatus migratorio.

Se cancela programa de defensa legal para menores migrantes

Uno de los anuncios más alarmantes es la cancelación del programa financiado por el gobierno de EE.UU. que ofrecía representación legal gratuita a menores no acompañados que cruzaron la frontera desde México. Este programa, impulsado durante la administración de Biden, permitía que ONGs y abogados especializados representaran legalmente a niños migrantes en sus procesos de inmigración.

Con su cancelación, casi 30,000 menores quedan desprotegidos, enfrentando procesos legales complejos sin un abogado que los represente. La estadística es clara: un menor sin representación legal tiene menos del 10% de probabilidad de lograr algún tipo de alivio migratorio. Esto no solo es inhumano, sino que atenta contra los principios de justicia básica en un país democrático.

El impacto es aún más grave considerando que muchos de estos niños han huido de contextos de violencia, pobreza extrema o persecución política, y que sin asistencia legal no podrán explicar de forma adecuada su situación ante un juez.

Deportaciones ilegales de venezolanos a El Salvador

Lozada también denunció que más de 200 venezolanos han sido enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, conocida como SECOt, en condiciones severas y, según múltiples informes, inhumanas. Muchos de ellos no tienen antecedentes penales ni vínculos con el crimen organizado, y su traslado ocurrió en violación directa de una orden federal emitida por un juez en Washington D. C..

Este acto de desacato ha sido defendido públicamente por la portavoz de la administración de Donald Trump, lo que ha generado una ola de críticas por parte de defensores de derechos humanos. El gobierno venezolano, por su parte, anunció la contratación de asesores legales en El Salvador para luchar por la liberación y repatriación de estas personas.

Abuso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798

Uno de los aspectos más controversiales de la política migratoria actual es el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar deportaciones sin el debido proceso. Aunque un juez federal bloqueó temporalmente su aplicación, el gobierno ha insistido en su uso e incluso ha invocado el privilegio de secreto de Estado para evitar entregar información sobre estas deportaciones a los tribunales.

Este uso de una ley antiquísima para perseguir a migrantes ha sido interpretado como un intento de criminalizar la inmigración y evadir los límites del sistema judicial, lo que genera una grave preocupación entre abogados y defensores constitucionales.

Nueva “lista roja” para venezolanos y cubanos

Esta semana se espera la entrada en vigor de una medida que muchos ya conocen como la “lista roja”, la cual prohíbe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de Venezuela y Cuba, incluso si poseen visas válidas (de turista, estudiante, atleta, etc.), a menos que tengan residencia permanente (green card).

Según Lozada, las excepciones serán mínimas y limitadas principalmente a figuras públicas o atletas de alto perfil. El resto de los ciudadanos de estos países enfrentan una barrera migratoria sin precedentes, aun si ya tenían procesos consulares en marcha.

Paralización de entrevistas en embajadas y consulados

Como parte del endurecimiento de la política migratoria, se ha emitido una prohibición para contratar nuevo personal en embajadas y consulados estadounidenses, así como en agencias como ICE y el Departamento de Seguridad Nacional. Esto conlleva:

• Aumento en los tiempos de espera para entrevistas consulares.
• Implementación de una nueva política que exige entrevistas presenciales para todas las renovaciones de visas.
• Reducción de la validez de ciertas visas no inmigrantes (de 48 a solo 12 meses en algunos casos).

El resultado: retrasos severos y prolongados tanto para quienes esperan una visa como para aquellos en medio de un proceso de ajuste de estatus o petición familiar.

El uso de ICE y HSI para redadas masivas

Muchos oficiales de ICE y HSI que anteriormente se encargaban de investigar delitos como abuso infantil o tráfico humano han sido reasignados a operativos de detención de inmigrantes en cualquier lugar del país. Esto ha dejado congeladas muchas investigaciones críticas, y ha creado una atmósfera de miedo, desconfianza y auto-deportaciones.

Incluso residentes permanentes están siendo investigados minuciosamente. Aquellos que inicialmente ingresaron con visa de turista o que han viajado recientemente a sus países de origen enfrentan el riesgo de que su residencia sea cuestionada o revocada, especialmente si su estatus proviene de un caso de asilo.

Riesgos para quienes viajan con permisos de TPS o parole

El abogado advierte que viajar a países como Venezuela con permisos de viaje del TPS o parole humanitario podría poner en riesgo el estatus migratorio de la persona. Aunque el permiso esté vigente, el simple hecho de regresar a un país del cual se solicitó protección podría ser considerado un indicio de fraude por parte de CBP o USCIS.

Fraude con paralegales no certificados

Lozada hizo una denuncia contundente contra paralegales que ejercen la práctica legal sin licencia, especialmente en zonas como Doral, Florida. Estas personas cobran por llenar formularios de asilo o TPS, prometiendo protección legal inmediata sin tener conocimientos jurídicos adecuados.

Este tipo de práctica es ilegal y peligrosa.

Muchas personas han perdido sus casos o recibido fallos de asilo frívolo por culpa de estas estafas. El abogado recomienda denunciar estos casos ante la policía o iniciar demandas civiles. También recordó que llenar una solicitud de asilo requiere análisis jurídico, y que quienes lo hagan sin licencia están cometiendo un delito en Florida y Texas.

Actualización sobre TPS para venezolanos

El abogado finaliza comentando sobre el caso en San Francisco, donde un juez federal analiza una demanda de ACLU para evitar la cancelación del TPS para venezolanos con vencimiento en abril de 2025. Se espera una decisión de medidas cautelares antes del 3 de abril.

Aunque una decisión favorable podría extender el estatus temporal por unos meses, Lozada advierte que esta no será una solución definitiva, ya que el caso seguramente llegará a la Corte Suprema. Por eso recomienda no confiarse con las buenas noticias iniciales y mantenerse informado.

Este episodio de Cafecito Migratorio #571 expone una realidad alarmante para miles de inmigrantes:

• 30,000 menores no acompañados pierden su derecho a defensa legal gratuita.
• Más de 200 venezolanos son enviados a prisiones en El Salvador sin debido proceso.
• Se activa la “lista roja” para restringir la entrada de venezolanos y cubanos.
• Se paralizan procesos consulares y aumentan las demoras en entrevistas.
• Paralegales sin licencia siguen estafando a la comunidad inmigrante.
• El TPS para venezolanos enfrenta una batalla judicial incierta.

En este clima de incertidumbre, tener un abogado de inmigración certificado es más importante que nunca. ¿Necesitas asesoría legal confiable y personalizada? Agenda tu consulta con nuestro equipo hoy mismo.