Publicado el 19 de marzo de 2025
En este episodio de Cafecito Migratorio, el abogado Juan Antonio Lozada analiza una de las situaciones más alarmantes que enfrenta hoy la comunidad venezolana en Estados Unidos: las deportaciones a El Salvador de más de 200 venezolanos a una cárcel de máxima seguridad, bajo acusaciones no verificadas de pertenecer al grupo criminal conocido como el Tren de Aragua. Esta medida ha sido ejecutada sin pruebas concretas, sin debido proceso y, lo más grave, en desacato a una orden federal que buscaba detener estos vuelos.
Una etiqueta injusta: ¿Todos son del Tren de Aragua?
El gobierno estadounidense ha comenzado a etiquetar a ciudadanos venezolanos como miembros del Tren de Aragua sin pruebas fehacientes. Aunque este grupo criminal ha cometido delitos graves a nivel hemisférico, no todo venezolano puede ser considerado culpable por asociación. Sin embargo, esa parece ser la lógica detrás de estas masivas deportaciones a El Salvador.
Varios de los deportados han sido trasladados a una prisión salvadoreña conocida por sus condiciones inhumanas, donde se han denunciado violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Lo más preocupante es que esta acción se ejecutó a pesar de una orden oral emitida por un juez federal de Washington D. C., que exigía el retorno inmediato de los vuelos hasta que se pudiera evaluar caso por caso. Esta orden fue ignorada por la administración Trump.
¿Por qué las deportaciones a El Salvador?
El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, ha recibido a estos venezolanos en calidad de detenidos en una prisión de máxima seguridad. Se sospecha que existen acuerdos económicos por los cuales el país centroamericano recibe compensaciones por cada persona detenida en su territorio. Esta práctica recuerda a otras épocas oscuras donde los derechos humanos fueron ignorados en nombre de la seguridad.
Aunque Bukele goza de popularidad entre algunos sectores que ven su enfoque como una solución a la corrupción y el crimen, el paralelismo con líderes autoritarios como Hugo Chávez es evidente. La historia ya ha demostrado las consecuencias de entregar libertades individuales a cambio de promesas de orden.
El uso de una ley obsoleta
Para justificar estas deportaciones a El Salvador sin proceso judicial, la administración Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa con más de 200 años de antigüedad, que permite expulsiones sin audiencia ni derecho a defensa. Esta herramienta legal, aunque existente, no había sido usada en décadas para propósitos migratorios y ahora está siendo aplicada de forma agresiva y cuestionable.
La “lista roja” y su impacto devastador
Además de las deportaciones a El Salvador, ha surgido una nueva amenaza: la inclusión de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses en una “lista roja” que, según fuentes como el Miami Herald, impediría a ciudadanos de estas nacionalidades obtener visas o ingresar a los Estados Unidos. La medida, que aún no ha sido oficializada públicamente, se basa en el argumento de que el gobierno venezolano no colabora con EE.UU. para verificar antecedentes criminales, lo que impide discernir entre personas inocentes y peligrosas.
Esto representa un cambio radical en la política migratoria, ya que afectará tanto a solicitudes de visa de turismo como a procesos migratorios familiares y humanitarios, generando incertidumbre en miles de familias.
Exclusión educativa: otro golpe a la dignidad
La crisis no se limita al ámbito migratorio. Estados como Oklahoma, Florida y Tennessee están restringiendo el acceso a la educación pública para niños inmigrantes sin estatus regularizado. La tendencia se extiende a las universidades, donde los estudiantes indocumentados enfrentan matrículas elevadas y restricciones adicionales. Además, se están reduciendo los fondos federales destinados a programas de apoyo educativo como ESL (Inglés como Segundo Idioma) y ayudas especiales para estudiantes con necesidades cognitivas.
Esta política de exclusión perpetúa desigualdades injustificables y va en contra de fallos históricos de la Corte Suprema que garantizaban el acceso a la educación pública sin importar el estatus migratorio del estudiante.
Arrestos violentos y clima de terror
Otra práctica en aumento son los arrestos violentos de inmigrantes. En este episodio se menciona el caso de dos hermanos hispanos cuyos autos fueron atacados para ejecutar su detención, todo esto capturado en cámara como una estrategia de “photo opportunity”. Estos actos parecen tener un objetivo claro: generar miedo y promover la autodeportación, es decir, que los inmigrantes abandonen el país por voluntad propia ante el temor a la persecución.
Preguntas del público: temas clave de asilo y TPS
Como en cada episodio, el abogado Lozada responde a preguntas frecuentes de la audiencia:
- ¿En qué consiste la revisión de un caso de asilo?
El abogado recomienda una revisión detallada con un profesional, página por página, para evaluar la solidez de la declaración jurada y los documentos presentados. Muchos solicitantes, lamentablemente, presentan aplicaciones con errores o sin sustento al trabajar con paralegales o personas sin formación legal adecuada.
- ¿Puedo viajar si tengo TPS y permiso de trabajo?
La respuesta es de extrema precaución. Aunque el TPS otorga protección, actualmente ningún extranjero —salvo ciudadanos o residentes permanentes— puede viajar dentro de EE.UU. sin riesgos. Es indispensable portar los documentos migratorios actualizados en todo momento.
- ¿Qué pasa si presento un asilo mal preparado?
Un caso de asilo considerado frívolo puede cerrar permanentemente las puertas a cualquier otro beneficio migratorio. Esto puede tener consecuencias devastadoras, por eso es fundamental trabajar con abogados expertos.
- ¿Qué debo hacer si mi caso fue cerrado por USCIS?
Cada caso requiere una revisión individual. Si hubo errores o falta de notificación para entrevistas de miedo creíble, puede haber opciones para apelar o reabrir el expediente. Se recomienda agendar una consulta legal lo antes posible.
La urgencia de actuar con asesoría legal
El episodio de hoy refleja una grave erosión del debido proceso y del respeto por los derechos humanos básicos. Deportaciones a El Salvador sin pruebas, restricciones a la educación, detenciones violentas y listas de exclusión generalizada dibujan un panorama desolador para miles de inmigrantes, en especial para los venezolanos.
Si tú o un ser querido se encuentra en una situación migratoria incierta, no tomes decisiones sin orientación legal adecuada. En The Law Office of JAL contamos con la experiencia y la empatía necesarias para ayudarte a navegar este momento de crisis con claridad y respaldo legal.
